Redacción
Por un estrecho margen de cinco votos contra cuatro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el Amparo en Revisión 54/2024, con el cual definirá si debe ejecutarse la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La determinación, tomada este miércoles por el Pleno, responde a una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para ejercer la facultad de atracción y revisar la sentencia que favoreció al ex mandatario panista.
A favor de la atracción votaron las ministras Sara Irene Herrerías Guerra, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González y el ministro Irving Espinosa Betanzo. En contra se pronunciaron Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, así como Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García.
El caso se origina en la orden de aprehensión girada el 4 de octubre de 2022 por un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, en la que la FGR acusó a García Cabeza de Vaca de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con la Fiscalía, el ex gobernador habría beneficiado desde su cargo a empresas de las que era accionista mediante contratos de obra pública por alrededor de 105 millones de pesos.
El 11 de octubre de ese año, el panista promovió un amparo indirecto en Tamaulipas, alegando la ilegalidad de la orden de captura. El juez Faustino Gutiérrez Pérez, del Juzgado Octavo de Distrito, le concedió la protección de la justicia federal el 27 de febrero de 2023.
El Ministerio Público Federal impugnó el fallo y el 17 de agosto de ese año, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento.
Sin embargo, el 30 de noviembre de 2023, la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín, del mismo juzgado, volvió a otorgar el amparo al ex gobernador, al considerar que el Ministerio Público no acreditó los delitos ni su probable responsabilidad.
El fallo ordenó dejar sin efecto la orden de captura emitida en Almoloya de Juárez y emitir una nueva resolución en la que se estableciera que no existían elementos que demostraran la comisión de los delitos imputados.