Redacción
El registro obligatorio de líneas celulares en México se encuentra ante su mayor encrucijada política. En medio de una ola de amparos y severas críticas sobre la privacidad de los usuarios, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado ha presentado una iniciativa de ley formal para abolir de manera definitiva el padrón telefónico y destruir de forma inmediata toda la información que se ha recopilado hasta el momento.
La propuesta, abanderada por la vicecoordinadora de MC en la Cámara Alta, Alejandra Barrales, busca derogar los artículos 103, 164 (fracción III) y el artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Con esta modificación, se anularía el requisito legal de vincular cualquier línea móvil a datos personales de identidad, como la Clave Única de Registro de Población (CURP), para mantener activo el servicio telefónico.
“El acceso a las telecomunicaciones constituye un derecho reconocido por la Constitución”, sostuvo Barrales, argumentando que condicionar el servicio a la entrega de datos vulnera los derechos fundamentales a la información y a la privacidad.
La legisladora añadió que el combate a delitos de alto impacto como la extorsión debe resolverse mediante investigación e inteligencia criminal, y no con medidas masivas que comprometan a la ciudadanía. Asimismo, advirtió que un corte masivo de líneas telefónicas por incumplimiento generaría una grave crisis de desconexión social.
El panorama legislativo refleja una profunda división en torno a la utilidad del padrón. Mientras Movimiento Ciudadano empuja su total desaparición, el Partido del Trabajo (PT) ha cerrado filas en torno a la permanencia del registro como una herramienta de seguridad ciudadana.
A través de un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, el grupo parlamentario del PT solicitó a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y a las empresas de telefonía intensificar las campañas informativas sobre el procedimiento y las consecuencias de omitir el registro. No obstante, el PT matizó su postura demandando candados estrictos para blindar la protección de datos.
Un mercado a medias y bajo la sombra de los amparos
El embate legislativo de MC coincide con una reciente prórroga de la CRT, la cual modificó el calendario original tras reconocer que el plazo límite del pasado 30 de junio fue insuficiente. El nuevo esquema escalonado —organizado por la terminación numérica del teléfono— amplió la fecha límite global hasta el 31 de diciembre de 2026.
Hasta el momento, más de 10,300 ciudadanos han promovido juicios de amparo en contra de la medida, con especial énfasis en frenar el uso de datos biométricos. Mientras los juzgados federales resuelven el fondo de estas impugnaciones y el Congreso debate la iniciativa de MC, la obligación de registrar las líneas sigue legalmente vigente para la mayoría de los usuarios en el país.
Con información de Xataka.