Redacción
Ciudad de México.-La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicas las comunicaciones oficiales intercambiadas con el Gobierno de Estados Unidos respecto a las solicitudes de detención provisional con fines de extradición dirigidas al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza Cázarez. La documentación transparentada detalla el posicionamiento de la Cancillería mexicana tras la recepción de dichos expedientes el pasado 28 de abril de 2026, los cuales emanan de una acusación formal de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
El caso presentado por las autoridades neoyorquinas involucra a un total de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre quienes se encuentran exintegrantes del gabinete estatal y de corporaciones de seguridad. De acuerdo con el pliego acusatorio estadounidense, los señalados presuntamente colaboraron durante años con una facción del Cártel de Sinaloa ofreciendo protección institucional y filtrando información para posibilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia la Unión Americana. Asimismo, enfrentan cargos por posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos, mientras que un exmando policial suma la acusación de secuestro con resultado de muerte.
Ante estos señalamientos, el Gobierno de México remarcó firmemente a su contraparte que las acusaciones o señalamientos escritos no bastan por sí solos para emprender detenciones. Se subrayó que cualquier acción legal debe cimentarse en pruebas claras, verificables y suficientes bajo el sistema judicial mexicano, razón por la cual los expedientes fueron turnados a la Fiscalía General de la República (FGR) para su respectivo análisis técnico conforme a la Ley de Extradición Internacional.
Finalmente, la SRE externó su preocupación a la Embajada de Estados Unidos debido a la filtración anticipada de las identidades y los cargos de los implicados, advirtiendo que este tipo de revelaciones infringe el acuerdo de confidencialidad estipulado en los tratados bilaterales y atenta directamente contra la presunción de inocencia y el debido proceso. El gobierno federal enfatizó que la soberanía nacional guiará cualquier decisión legal, reiterando que la cooperación internacional continuará, pero que las detenciones y resoluciones jurídicas competen con exclusividad a las instituciones mexicanas.