Redacción
Ciudad de México.- El Tren Maya, megaproyecto de infraestructura insignia del sureste mexicano, enfrenta un nuevo y complejo frente legal que escala hasta los tribunales federales. Investigadores y especialistas del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (SNPICD-INAH) presentaron una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta destrucción irreversible de patrimonio arqueológico nacional.
El recurso legal, reportado por diarios de circulación nacional como El Sol de México y El Universal, incluye un expediente técnico de más de 700 páginas que documenta cómo decenas de monumentos fueron alterados bajo el amparo de los trabajos ferroviarios. Los promoventes de la denuncia aclararon que su intención no es detener el funcionamiento de la vía de transporte, sino deslindar responsabilidades, esclarecer si se violaron leyes nacionales y tratados internacionales de protección cultural, y sancionar a los servidores públicos implicados.
Alteración de vestigios en Balan Tum
De acuerdo con el abogado del caso, José Manuel Hermosillo Vallarta, la situación más grave de la denuncia se concentra en la construcción del Parque Balam Tun (referido también como Balm Tun). Las investigaciones de campo señalan que al menos 47 monumentos arqueológicos mayas originales fueron desensamblados y modificados sin el debido rigor científico.
Posteriormente, estas estructuras históricas catalogadas se utilizaron para levantar nuevas edificaciones con fines de exhibición dentro de dicho parque. Los investigadores califican este acto como una alteración grave que atenta contra la autenticidad y el valor histórico real de las piezas.
El expediente integrado y entregado a la FGR para sustentar la acusación reúne un amplio catálogo de pruebas consistente en material fotográfico detallado, reportes técnicos de inspección de campo, bitácoras internas de los propios investigadores del INAH y publicaciones académicas que contradicen las metodologías empleadas en el sitio.
Seis presuntos delitos bajo indagación
Los especialistas decidieron recurrir a los tribunales tras el fracaso de las mesas de diálogo internas con los directivos del INAH. La denuncia penal solicita a la FGR investigar la comisión de seis presuntos delitos durante el salvamento arqueológico:
- Destrucción de monumentos arqueológicos e históricos.
- Falsificación de monumentos e inmuebles (señalado por los especialistas como un “fraude ideológico-arqueológico”).
- Mala praxis por parte de los responsables técnicos de la obra.
- Ejercicio ilícito del servicio público.
- Coalición de servidores públicos.
- Uso indebido de atribuciones y facultades.
“Confiamos en que la labor del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República se pueda conducir de la manera más indiscriminada y de la manera más violenta en términos legales ante estos graves delitos por destrucción al patrimonio arqueológico e histórico de todos los mexicanos”, afirmó el arqueólogo Jesús E. Sánchez, investigador de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH.
Ex Director de INAH, señalado
Aunque la denuncia involucra a aproximadamente 26 servidores públicos que desempeñaron funciones de supervisión y toma de decisiones desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dio luz verde al proyecto en 2018, los arqueólogos señalaron de forma directa a una cabeza directiva.
El arqueólogo Jesús E. Sánchez identificó al antropólogo Diego Prieto, exdirector general del INAH, como el principal responsable de haber permitido y avalado las afectaciones sistemáticas al patrimonio. “Él es el principal implicado en todos los delitos que les hemos señalado”, aseveró el especialista, agregando que la participación de los demás implicados varía según la temporalidad y las distintas fases del proyecto.
Con información de El Imparcial.