Redacción
Ciudad de México. — Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI y senador de la República, llevó al ámbito internacional el conflicto que mantiene con el Instituto Nacional Electoral (INE) al interponer un recurso ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos en contra de tres consejeros del organismo. La medida responde a la sanción emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, la cual ordenó el retiro de nueve publicaciones del legislador y de su partido por el uso de términos como “narcogobierno” y “narcopartido” para referirse a Morena.
La acusación ante la instancia estadounidense busca que se apliquen sanciones bajo la Ley Global Magnitsky a los consejeros Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga. Moreno argumentó que sus declaraciones están protegidas por la libertad de expresión y la inmunidad parlamentaria que le otorga el artículo 61 constitucional. Adicionalmente, el tricolor anunció acciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras en redes sociales el partido difundió gráficos para evadir el lenguaje restringido por el dictamen.
En paralelo, el líder priista calificó como un acto de persecución política la detención en la capital del país de Luis Antonio Espinosa Campos, contador vinculado a las empresas de su hermano, Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas. En entrevista radiofónica, Moreno responsabilizó a la administración federal y a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de instrumentar el aparato de justicia contra perfiles opositores, al tiempo que rechazó la existencia de irregularidades en sus actividades o las de su entorno cercano.