Redacción
La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas en México avanzó en el Senado, pero el dictamen aprobado encendió alertas entre trabajadores por los cambios en días de descanso y horas extra.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum tras años de debate en el Congreso de la Unión. Desde 2023 se discutía una reforma para modificar el artículo 123 constitucional y establecer una semana laboral de 40 horas con dos días de descanso obligatorios por cada cinco trabajados, propuesta promovida por la entonces diputada Susana Prieto Terrazas.
La nueva propuesta mantiene la meta de 40 horas, pero de manera gradual. Si la Cámara de Diputados la aprueba en 2026, la reducción sería escalonada: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 hasta 2030.
El cambio central es que no establece de forma explícita dos días de descanso obligatorios por semana. El texto señala que por cada seis días de trabajo se deberá “disfrutar” al menos uno de descanso con goce de sueldo. La definición de un segundo día quedaría sujeta a acuerdos entre empleador y trabajador, bajo el argumento de mayor flexibilidad.
Otro punto polémico es el de las horas extra. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo permite hasta tres horas adicionales diarias, tres veces por semana, es decir, nueve en total. Las primeras nueve se pagan al doble y, si se exceden, al triple.
La reforma eleva el tope a 12 horas extra semanales, distribuidas hasta en cuatro horas por día durante un máximo de cuatro días. Además, si se superan esas 12, el pago sería al doble y no al triple como ocurre hoy, lo que especialistas consideran un cambio regresivo.
El dictamen aprobado por el Senado deberá pasar por la Cámara de Diputados. De avalarse, requerirá la firma presidencial, el respaldo de los congresos locales y su publicación en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.
El Congreso tendría 90 días para ajustar las leyes secundarias. Mientras tanto, persiste la duda sobre la aplicación inmediata de las 12 horas extra, lo que, en los hechos, podría permitir semanas laborales legales de hasta 60 horas en la etapa inicial de la transición.