Redacción
La producción de criterios obligatorios de la Suprema Corte se desplomó a niveles inéditos. Entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió apenas 13 tesis, frente a las 224 registradas en el mismo lapso por la integración anterior.
Yadira García Montero, integrante del Observatorio de la Justicia, sostuvo que la caída —superior al 90 por ciento— no puede atribuirse únicamente al proceso de adaptación de los nuevos ministros.
“Estamos obstaculizando el acceso a criterios que podrían beneficiar a personas privadas de su libertad; es grave, más del 90% de caída en relación con hace dos años”, advirtió.
En entrevista para Aristegui en Vivo, la académica del Instituto Tecnológico de Monterrey señaló que, incluso considerando que tres ministras ya formaban parte del máximo tribunal, la reducción resulta injustificable.
“Si pensamos en que hay tres ministras que ya estaban en la Corte, se suponía que ellas sabían cómo realizar este trabajo, ya no hay justificación para esta caída”, afirmó en referencia a Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel.
Las tesis constituyen los extractos sustantivos de las sentencias con valor jurisprudencial y, una vez publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, se vuelven obligatorias para jueces y litigantes. Su disminución, explicó, limita las herramientas disponibles para la defensa en procesos donde están en juego derechos fundamentales.
De acuerdo con los registros del Observatorio, la Corte actual produce poco más de dos tesis al mes. Además, la publicación en el Semanario se ha vuelto más lenta, retrasando su obligatoriedad y aplicación práctica.
García Montero recordó que la reforma que eliminó las salas buscaba mayor eficiencia, pero consideró que el pleno no ha alcanzado ese objetivo.
“Es urgente que se reactive la emisión de tesis y que se agilice su publicación; cada tesis representa un criterio que puede proteger derechos y garantizar que las decisiones judiciales sean consistentes y predecibles”, concluyó.
Para el Observatorio, el retroceso abre cuestionamientos sobre la capacidad del máximo tribunal para cumplir con la reforma y garantizar a la ciudadanía acceso oportuno a criterios que orienten la interpretación constitucional.
Con información de: Aristegui Noticias