Redacción
La crisis humanitaria en Venezuela se profundiza tras el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio. Este viernes, la cifra oficial de fallecidos ascendió a 5,069 tras confirmarse 139 nuevos decesos, según el balance presentado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Por su parte, el número de heridos se mantiene congelado en 16,740 personas.
A través de su cuenta oficial de Telegram, Rodríguez —hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez— también detalló que la cantidad de ciudadanos que se han quedado sin vivienda se sostiene en 17,907.
Despliegue de asistencia y refugios temporales
El reporte parlamentario subraya la magnitud del esfuerzo de asistencia en las zonas de desastre. Hasta la fecha, las autoridades de los distintos niveles de gobierno han atendido a un total de 128,324 familias damnificadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5.
Asimismo, se informó que 21,235 personas se encuentran actualmente alojadas de manera provisional en 107 campamentos transitorios habilitados por el Estado.
Más de mil réplicas mantienen en vilo a la población
Desde el día del desastre principal, el territorio venezolano ha registrado 1,331 réplicas. El evento secundario más severo ocurrió la mañana del pasado 10 de julio, cuando un sismo de magnitud 3.9 sacudió una zona a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira.
La Guaira se mantiene como la entidad más golpeada por el doble terremoto. Esta réplica de hace una semana revivió el pánico en la población, provocando la evacuación preventiva de múltiples edificios.
Censo biométrico y reformas legales para la vivienda
Frente a la destrucción de infraestructura, el Gobierno inició el pasado fin de semana un censo biométrico con el objetivo de precisar el déficit habitacional real, aunque las estimaciones iniciales apuntan a la necesidad de construir al menos 25,000 nuevas viviendas.
En el plano legislativo, el Parlamento venezolano aprobó el martes pasado un proyecto de reforma de ley diseñado para acelerar los tiempos de reconstrucción. Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, explicó que esta modificación a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria —la cual requiere aún de un segundo debate para su aprobación definitiva— tiene como meta establecer condiciones de seguridad jurídica y facilidades de financiamiento. Con esto, se busca incentivar al sector privado a iniciar un “proceso agresivo” de edificación residencial en las zonas afectadas.
Con información de EFE
Foto: X.