Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró la puerta a la recolección obligatoria de datos biométricos de usuarios de telefonía móvil en México, al declarar inconstitucional el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), una base de datos que pretendía concentrar información biológica de millones de personas.
En abril de 2022, el máximo tribunal resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 82/2021 y concluyó que exigir huellas dactilares, reconocimiento de iris o rasgos faciales para contratar o mantener una línea telefónica vulneraba derechos constitucionales y representaba riesgos para la privacidad de los ciudadanos.
Los ministros determinaron que la medida era desproporcionada y que no existía evidencia suficiente de que la recopilación masiva de datos biométricos ayudara a disminuir delitos como la extorsión telefónica. Además, advirtieron que una base de datos centralizada con información biológica de los usuarios podía ser vulnerable a filtraciones o usos indebidos.
Con esa resolución, la Corte invalidó el padrón y estableció que ninguna autoridad puede exigir datos biométricos para contratar o conservar una línea celular.
Sin embargo, la eliminación del PANAUT no significó el fin de los mecanismos de identificación en telefonía móvil. A partir de 2026 comenzó a aplicarse un nuevo esquema de registro que obliga a los usuarios a vincular su número telefónico con una identidad oficial, aunque sin recopilar datos biométricos.
Bajo este modelo, cada línea debe estar asociada a información como nombre completo, CURP y una identificación oficial vigente. Los datos son administrados por las compañías telefónicas bajo las leyes de protección de datos personales y no se concentran en una base única del Gobierno.
El registro inició el 9 de enero de 2026 y el plazo para completar el trámite concluirá el 30 de junio. Si una línea no queda vinculada a una identidad oficial, las empresas podrán suspender el servicio a partir del 1 de julio.
Además, se habilitó una plataforma de consulta pública que permitirá a los ciudadanos verificar cuántos números telefónicos están asociados a su CURP y solicitar la desvinculación de líneas que no reconozcan.