Redacción
Ciudad de México.- «¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?». Con este cuestionamiento directo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y más de 40 medios de comunicación de distintas regiones del país lanzaron este 26 de agosto una interpelación conjunta al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades mexicanas ante la persistencia de los asesinatos de comunicadores.
En una movilización inédita, medios nacionales y locales publicaron de manera simultánea una alerta acompañada por los nombres de los periodistas asesinados bajo la actual administración, documentando un ritmo de un homicidio por mes durante los primeros siete meses de 2026. En total, la organización contabiliza 17 crímenes contra profesionales de la información desde el inicio de la presidencia de Sheinbaum.
Una violencia insostenible y estructural
El pronunciamiento subraya que la situación reitera la incapacidad institucional para contener una violencia perpetrada principalmente por grupos del crimen organizado, la cual opera bajo un manto de impunidad persistente. Cada crimen, advierte RSF, no solo representa una deuda del Estado con las víctimas y sus familias, sino que profundiza el miedo, fomenta la autocensura, debilita el periodismo local y vulnera el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada.
«México no puede acostumbrarse a contar a sus periodistas asesinados. […] Esta situación es insostenible desde hace demasiado tiempo y refleja que este problema no ha sido una prioridad política», señaló Artur Romeu, director de RSF América Latina.
Exigen acciones urgentes y concretas
Si bien al inicio de su mandato la administración federal asumió compromisos para salvaguardar el ejercicio libre y seguro de la prensa, la continuidad de los homicidios exige que dichas promesas se traduzcan de inmediato en políticas públicas tangibles.
Ante este escenario, RSF formuló un llamado urgente al Estado mexicano articulado en tres ejes:
Respuesta nacional de emergencia: Movilizar de forma coordinada a las autoridades federales, estatales, fiscalías y al Poder Judicial.
Combate a la impunidad: Garantizar medidas eficaces ante situaciones de riesgo, robustecer las investigaciones ministeriales y sancionar tanto a los autores materiales como a los intelectuales.
Rendición de cuentas: Establecer mecanismos de seguimiento para detectar y corregir deficiencias en materia de prevención, protección e impartición de justicia.
Con información de Proceso.