Redacción
EU. — La fiscalía federal del Distrito Medio de Florida presentó cargos formales contra cuatro ciudadanos mexicanos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusados de negociar en República Checa el intercambio de drogas sintéticas por armamento pesado. Los imputados intentaban adquirir un arsenal integrado por lanzagranadas, morteros, municiones y ametralladoras europeas, las cuales pretendían pagar mediante el envío de cargamentos de fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos.
De acuerdo con las indagatorias encabezadas por las autoridades estadounidenses, las armas serían destinadas a fortalecer la capacidad bélica de la organización criminal para perpetrar ataques contra grupos rivales, la población civil y las fuerzas de seguridad en territorio mexicano. En el expediente se identificó a Edgar Alejandro López Velasco, José Miguel Alvarado Morales, Noé Díaz Jiménez y Leobardo Gaxiola López, alias “Bado”. Los dos primeros ya fueron extraditados a territorio estadounidense e iniciaron su proceso judicial detenidos, mientras que los restantes continúan encarcelados en el país europeo en espera de su traslado.
Con excepción de Gaxiola López —quien fungía como intermediario y solo enfrenta cargos por narcotráfico y tráfico de armas—, los otros tres implicados fueron imputados con cargos por narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, importación de sustancias ilícitas y tráfico de armamento, delitos que contemplan penas de hasta cadena perpetua. Adicionalmente, las autoridades vincularon a Noé Díaz Jiménez como propietario de un laboratorio clandestino intervenido el pasado 12 de junio de 2026 en Zapopan, Jalisco, operativo en el que las fuerzas federales mexicanas aseguraron precursores químicos y fentanilo.
La desarticulación de esta célula internacional fue el resultado de una operación conjunta de agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, HSI, ATF y la Guardia Costera, en coordinación con la Interpol, autoridades de la República Checa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina de México. Como parte del proceso judicial, la justicia de Estados Unidos notificó la intención de confiscar todos los activos y ganancias financieras derivados de estas actividades ilícitas.