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EU.-La Embajada de Estados Unidos en México fijó su postura oficial respecto a la reciente revocación de visados a ciudadanos mexicanos, subrayando que el gobierno estadounidense posee la facultad plena de anular dicho documento a cualquier individuo, independientemente de su estatus personal o postura política. A través de un pronunciamiento emitido este sábado, la legación diplomática enfatizó que la entrada a su territorio constituye un privilegio y no un derecho, por lo que el retiro de permisos se ejecuta cuando existen motivos fundados para ello.
La declaración institucional se acompañó de un mensaje audiovisual del secretario de Estado, Marco Rubio, quien precisó que la administración encabezada por Donald Trump mantiene la facultad de cancelar visados cuando determine que las acciones de un portador contravienen los intereses o la seguridad nacional estadounidense. Esta postura se da en respuesta al descontento manifestado por Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente mexicano, quien confirmó el pasado jueves 13 de agosto que la autoridad estadounidense invalidó su documento de ingreso.
Ante esta medida, el integrante de la dirigencia morenista remitió una misiva dirigida al presidente Donald Trump en la que tildó el retiro de su visado como una estrategia de tinte propagandístico e impulsada por motivaciones políticas, asegurando que no existen elementos probatorios ni expedientes judiciales en su contra. En el documento, el militante lanzó duras críticas contra funcionarios del Departamento de Estado, como Marco Rubio y el diplomático Christopher Landau, catalogando el acto como una arbitrariedad y afirmando que la pérdida del documento no afecta su vida cotidiana.
El caso de López Beltrán se suma a una serie de cancelaciones de visados aplicadas recientemente por el gobierno de Estados Unidos a diversos funcionarios y cuadros políticos mexicanos. Entre los perfiles afectados en meses recientes destacan la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, así como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros servidores públicos vinculados por la administración norteamericana con presuntas actividades de delincuencia organizada.