Redacción
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y endurecerá la responsabilidad legal de las plataformas digitales, al considerar que operan en un entorno de impunidad que favorece delitos, desinformación y discursos de odio.
El anuncio fue realizado el martes 3 de febrero de 2026 ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra en Dubái, donde el mandatario detalló un paquete de medidas para regular con mayor rigor el funcionamiento de las redes sociales.
Sánchez adelantó que los directivos de las plataformas serán legalmente responsables de las infracciones que se cometan en los servicios que administran, con el objetivo de impedir que eludan responsabilidades. Además, informó que se tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.
Como parte de estas acciones, el Gobierno español analizará junto con la Fiscalía posibles infracciones legales cometidas por plataformas como Grok, TikTok e Instagram, particularmente en relación con la difusión de contenidos ilícitos y prácticas de amplificación digital.
En el plano internacional, el presidente anunció la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita identificar lo que denominó una “huella de odio y polarización” en los entornos digitales. Asimismo, informó que España se sumó a otros cinco países europeos en la denominada Coalición de los Dispuestos Digitales, con el objetivo de avanzar de forma coordinada hacia una regulación más estricta, ágil y eficaz de las plataformas sociales.
Sánchez justificó estas medidas al afirmar que las redes sociales se han convertido en “un estado fallido”, donde se ignoran las leyes, se toleran delitos y la desinformación tiene mayor peso que la verdad, además de que una parte significativa de los usuarios es víctima de ataques de odio.
El mandatario reconoció que recuperar el control no será sencillo, debido al poder económico y la influencia de las grandes tecnológicas, que en algunos casos superan a los de muchos Estados. No obstante, aseguró que ese poder no debe intimidar a los gobiernos. “Su riqueza no puede ser mayor que nuestra determinación”, afirmó.