Redacción
Cuatro de los diez trabajadores mineros privados de la libertad el 23 de enero en Concordia, Sinaloa, fueron identificados entre los cuerpos localizados el 6 de febrero en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, donde presuntamente fueron asesinados por una célula delictiva.
Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa confirmaron que, tras las pruebas forenses realizadas en el Servicio Médico Forense de Mazatlán —incluidas pruebas de ADN—, se estableció la identidad de cuatro víctimas: Antonio de la O Valdez, de 36 años, supervisor de medio ambiente originario de Chihuahua; Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 40 años, geólogo de Zacatecas; José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, geólogo procedente de Taxco, Guerrero; y José Ángel Hernández Vélez, de 38 años, ingeniero industrial de Zacatecas.
Los trabajadores fueron interceptados cuando salían del campamento donde residían para dirigirse a los yacimientos concesionados a la empresa canadiense Vizsla Silver Corp.
Aunque las autoridades no han precisado cuántos cuerpos fueron hallados en la fosa de El Verde, familiares y colectivos de búsqueda han denunciado falta de información clara y oportuna por parte de la Fiscalía General de la República, instancia que encabeza las investigaciones. La Fiscalía estatal informó previamente que su participación se limita al apoyo del Servicio Médico Forense, mientras que las diligencias ministeriales y periciales corresponden a la autoridad federal.
La ausencia de datos oficiales sobre el número total de víctimas ha generado versiones que apuntan a que en el sitio podrían encontrarse los restos de los diez mineros desaparecidos e incluso de más personas. Madres buscadoras que acudieron a la zona señalaron que elementos de la Guardia Nacional les habrían mencionado la presencia de “muchos cuerpos”, lo que intensificó la exigencia de transparencia.
Desde Vancouver, Canadá, Vizsla Silver Corp emitió un comunicado en el que informó que sus trabajadores “han sido encontrados fallecidos” y expresó condolencias a las familias. La empresa señaló que espera confirmación formal de las autoridades mexicanas y aseguró que su prioridad es apoyar a los deudos y continuar con la búsqueda de quienes permanecen desaparecidos.
Con información de: La Jornada