Cecilio Ávila, dirigente estatal de la Central Independiente de Obreros y Campesinos (CIOAC), cuestionó a través de un posicionamiento la conformación de un nuevo ayuntamiento local en la población de Villa Juárez, enfatizando que los estudios correspondientes no se pusieron al conocimiento de la población.
De paso, manifestó su desacuerdo con los legisladores Heriberto Gallegos y Salvador Alcalá, integrantes de la mayoría legislativa PAN-PRI-PRD y quienes promovieron la iniciativa, censurando su capacidad, explicando para ello que erraron en cifras demográficas, además de no mencionar costos para establecer un nuevo cabildo.
A continuación, el comunicado íntegro.
“El Congreso de Aguascalientes se dispone a votar la creación del municipio número 12, con cabecera en Villa Juárez. La decisión podría modificar territorio, presupuesto, servicios públicos y el futuro de más de cien comunidades rurales. Sin embargo, el dictamen completo y sus estudios financieros, agrarios, hídricos y administrativos no fueron puestos oportunamente a disposición pública.
Esto no es una omisión menor. Es una muestra de la ineptitud, la arrogancia y la irresponsabilidad con que algunos diputados pretenden tomar una decisión histórica: primero fijan la fecha de la votación y después dejan a la ciudadanía buscando las pruebas que deberían sostenerla.
Los diputados promoventes, Heriberto Gallegos Serna y Luis Salvador Alcalá Durán, no han despejado públicamente las inconsistencias centrales de su propuesta. La iniciativa compara un crecimiento demográfico acumulado durante diez años con una tasa estatal anual. Es decir, enfrenta cifras que miden periodos distintos para aparentar el cumplimiento de un requisito legal. No es un detalle de calculadora: es parte de la base con la que se pretende justificar la creación de un municipio.
Tampoco se ha explicado con claridad cómo se financiarán dos administraciones donde hoy existe una. No se conoce públicamente un cálculo completo sobre el costo del nuevo cabildo, presidencia municipal, tesorería, contraloría, DIF, seguridad pública, archivos, sistemas contables, personal, inmuebles y servicios. Dividir un presupuesto no multiplica el dinero; solamente puede multiplicar las oficinas, los funcionarios y los gastos.
La ligereza alcanza también al alcalde de Asientos, José Manuel González Mota, quien ha planteado que presupuesto, vehículos, trabajadores y recaudación podrían dividirse prácticamente por mitades. Un municipio no es un pastel que pueda cortarse al gusto de los invitados. Las comunidades no tienen la misma población, infraestructura, recaudación, caminos, necesidades ni costos de prestación de servicios. Pensar que basta con partir lo existente revela falta de seriedad, desconocimiento administrativo y una preocupante ausencia de visión de futuro.
Mientras se habla de nuevos cargos, siguen sin conocerse públicamente la cartografía agraria completa, las hectáreas productivas involucradas, los ejidos afectados, los derechos de agua, los pozos, las concesiones, los caminos rurales y el costo real de garantizar servicios en las 112 localidades contempladas. Tampoco se ha demostrado que la separación no disminuirá los recursos destinados al campo ni debilitará a las comunidades que permanezcan en Asientos.
Los foros organizados por el Congreso no sustituyen los estudios técnicos. Escuchar opiniones es necesario, pero ninguna mayoría de micrófono puede crear recursos públicos, garantizar agua o corregir un cálculo demográfico equivocado. La participación ciudadana no debe utilizarse como cortina para legitimar una decisión previamente encaminada.
La convocatoria formal para votar el dictamen el 28 de agosto confirma la prisa política, pero no la viabilidad del proyecto. Llevar un asunto al Pleno no convierte las omisiones en respuestas ni los discursos en pruebas.
Frente a los nuevos cargos que se repartirían, la eventual designación de un concejo municipal y el control político de un nuevo territorio, mientras permanecen sin resolver el presupuesto, la tierra y el agua, resulta legítimo preguntarse: ¿estamos ante una verdadera demanda de autonomía comunitaria o ante un proyecto impulsado por la ambición electoral de algunos diputados y dirigentes locales?
Los hechos permiten sostener una valoración severa: en este proceso se percibe más ambición política que cacumen; más apetito por el poder que sensibilidad rural; más prisa por inaugurar cargos que responsabilidad para garantizar el futuro de las comunidades.
Decir «no al municipio 12» en estas condiciones no significa estar contra Villa Juárez. Significa defender a Villa Juárez, a Asientos y a sus comunidades de una decisión improvisada e irresponsable. Primero deben publicarse el dictamen completo, los planos y todos sus anexos. Después deben realizarse evaluaciones independientes sobre finanzas, agua, territorio ejidal, infraestructura y servicios. Finalmente, debe consultarse directamente a productores, ejidatarios y habitantes mediante información verificable, no propaganda.
Aguascalientes no necesita otro monumento a la improvisación política. El territorio no es botín. El presupuesto no es pastel. Y las comunidades rurales no son fichas para el juego político de nadie.
Cecilio Ávila García
Dirigente Estatal de la CIOAC