Redacción
Japón.-El Gobierno de Japón y más de 1 300 municipios impulsan un programa nacional de despoblación que ofrece apoyos económicos a quienes decidan mudarse fuera del centro de Tokio. Con un monto base estatal de tres millones de yenes (alrededor de 20 000 dólares), el paquete de ayudas para una familia puede rebasar los 10 millones de yenes al sumar los subsidios locales aportados por los pueblos receptores. La medida busca contrarrestar el marcado desequilibrio demográfico del país, donde la zona metropolitana de la capital alberga a casi 37 millones de personas mientras en las provincias se registra el cierre de escuelas por falta de infantes.
El esquema financiero asigna hasta 600 000 yenes para personas solteras y un millón de yenes base para hogares multifamiliares, cifra que escala hasta tres millones según la localidad elegida. Adicionalmente, las familias reciben un millón de yenes extra por cada hijo menor de 18 años. Esta reestructuración del plan, vigente desde 2019, multiplicó por tres los montos iniciales tras registrar una baja adopción en sus primeros años, pasando de 71 familias beneficiadas en 2019 a 1 184 en 2021 gracias a la expansión del trabajo a distancia.
Para acceder a las subvenciones, los aspirantes deben residir o trabajar en los 23 barrios centrales de Tokio y trasladarse hacia alguna de las 46 regiones participantes fuera de las prefecturas colindantes de Saitama, Chiba y Kanagawa. Entre las vías de integración laboral se contempla la contratación en pequeñas empresas locales inscritas en portales regionales o la continuidad del empleo previo mediante el teletrabajo. Como condición de permanencia, los beneficiarios asumen el compromiso de habitar la localidad por un periodo mínimo de cinco años, bajo pena de reembolsar la totalidad del dinero otorgado.
Pese a los montos anunciados, la efectividad del programa ha sido moderada, alcanzando a unas 2 400 personas en el año fiscal 2021. Diversos factores inciden en esta respuesta, tales como la retención de impuestos sobre las ayudas recibidas, la baja disponibilidad de cupos presupuestales que suelen agotarse al inicio del año fiscal en abril y la barrera del idioma en los trámites administrativos. A esto se suman las diferencias salariales entre Tokio y las regiones rurales, los costos derivados de la adquisición y remodelación de viviendas, así como el acceso limitado a servicios médicos, transporte y comercio en las comunidades más alejadas.