Redacción
Ciudad de México.-El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, enfrentará un proceso penal exclusivamente por el delito de violencia familiar. Durante la audiencia de vinculación celebrada este lunes en el estado de Morelos, la jueza de control Consuelo Correa determinó el inicio del juicio formal y otorgó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, desestimando a su vez la acusación por violencia vicaria debido a que la Fiscalía local no aportó los elementos probatorios suficientes.
La resolución judicial se dio a pesar de que la esposa del exfuncionario, María Felicia Jiménez, entregó un escrito con fecha del 10 de julio en el cual le otorgaba el perdón legal y manifestaba su deseo de frenar las carpetas de investigación para priorizar la estabilidad y el bienestar de su núcleo familiar. Sin embargo, la juzgadora aclaró que, bajo el sistema penal mexicano, la violencia familiar es un delito que se persigue de oficio y afecta el interés público. Por lo tanto, el desistimiento de la víctima no extingue la acción penal ni cancela de forma automática el procedimiento conducido por el Estado.
El expediente penal se originó a partir de la difusión en redes sociales de un video de seguridad del domicilio conyugal en Morelos, donde se observa una presunta agresión física ocurrida en marzo de 2026 en presencia del hijo menor de edad de la pareja. Posteriormente, la denunciante expuso de manera pública que padecía agresiones físicas, psicológicas y económicas crónicas desde el año 2022, las cuales acusó que se agudizaron durante la gestión de Rodríguez Padilla al frente de la petrolera estatal, lo que motivó indagatorias tanto en Morelos como en la Ciudad de México y la asignación de medidas de protección.
El caso, que derivó en la captura del imputado el pasado 7 de julio en la capital del país, también provocó repercusiones en la administración pública federal. El Gobierno de la República canceló el nombramiento de Rodríguez Padilla como coordinador del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), puesto que estaba por asumir. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura oficial al advertir que no se tolerarán tratos preferenciales ni privilegios para ningún servidor público implicado en violencia de género.