Redacción
Madrid.- El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid anunció que pondrá a la venta el ático de 481 metros cuadrados ubicado en el exclusivo barrio de Chamberí, tan sólo 24 horas después de que trascendiera su adquisición pública. Mientras la presidenta Isabel Díaz Ayuso tuvo que negar que fuese para beneficio personal.
Según el gobierno regional, los fondos recaudados con la enajenación del inmueble serán destinados a los afectados por los recientes incendios en la Sierra Oeste madrileña.
La operación, formalizada ante notario el pasado 14 de abril por un monto estimado de 6 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid, permaneció fuera del foco mediático hasta este miércoles 29 de julio que fue del dominio público, desencadenando un alud de críticas por parte de los partidos de la oposición e integrantes del Gobierno central.
La revelación de la compra generó acusaciones por parte de la izquierda hacia la presidenta Isabel Díaz Ayuso, sugiriendo que el piso —catalogado formalmente para uso residencial— se adquirió para su beneficio personal o como futura residencia oficial.
Sin embargo, desde la Puerta del Sol se negó categóricamente cualquier interés particular, enmarcando la transacción en la inminente reforma de la segunda planta de la Real Casa de Correos (sede de la Presidencia), la cual obligará a reubicar despachos de altos cargos.
“No voy a tener residencia oficial como tantos ministros y presidentes de comunidades autónomas. No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me la han comprado a mí”, aseveró Ayuso el miércoles para atajar lo que calificó como una “campaña de desprestigio”.
La propia mandataria explicó que el traslado al inmueble del paseo General Martínez Campos era solo una de varias alternativas operativas. Entre los escenarios contemplados figuraba que Ayuso reubicara su oficina temporalmente en la Consejería de Transportes (calle Maudes) y que el titular de esa cartera, Jorge Rodrigo, se trasladara al ático, o bien un esquema similar coordinado con la Consejería de Presidencia en la Casa de Postas.
Analistas y detractores señalaron que un Decreto aprobado el 25 de julio de 2025 (conocido como el Estatuto de Expresidentes) establece en su artículo 4 que los exmandatarios madrileños dispondrán de los medios precisos para su seguridad durante al menos cuatro años tras el cese —e incluso sin límite temporal si se considera necesario—, lo que avivó las sospechas de que la propiedad pudiera ser empleada en el futuro tras la salida de Ayuso del cargo.
Ante la escalada de la presión política y el descontento social generado por el coste de la adquisición, el Gobierno de la Comunidad de Madrid optó por abortar el proyecto de remodelación del inmueble de Chamberí y proceder a su venta inmediata para destinar los recursos a la emergencia medioambiental y social en la Sierra Oeste.
Con información de El País y EuroNews.
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