Redacción
La implementación del registro obligatorio que vincula cada tarjeta SIM de telefonía móvil con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y documentos oficiales en México reabrió el debate sobre la efectividad del Estado para combatir la ciberdelincuencia.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum defiende la medida como un pilar para reducir el fraude y la extorsión —asegurando que no se trata de un esquema de vigilancia masiva ni geolocalización—, especialistas en ciberseguridad, telecomunicaciones y derecho constitucional la catalogan como insuficiente.
Regulado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el mecanismo estipula que las autoridades solo accederán a los datos ante denuncias formales. No obstante, firmas como Hogan Lovells y The Competitive Intelligence Unit (The CIU) advierten que el crimen organizado evade fácilmente estos controles mediante herramientas técnicas avanzadas:
Técnicas de evasión: Uso de spoofing (suplantación de identificador), numeración virtual VoIP, SIMs internacionales en roaming y migración de estafas a plataformas como WhatsApp o Telegram.
Uso de identidades robadas: Los delincuentes suelen adquirir identificaciones en el mercado negro para dar de alta líneas desechables, repitiendo fallas vistas en esquemas pasados como el RENAUT y el PANAUT.
Riesgos para la ciudadanía y vacíos legales
El proceso impacta de forma directa a la población, especialmente a los usuarios de prepago. Entre los principales riesgos identificados destacan:
Suspensión del servicio: Decenas de millones de líneas no vinculadas podrían quedar inhabilitadas, excepto para llamadas al 911.
Inseguridad jurídica y de datos: Exposición a filtraciones en servidores privados y el riesgo de que titulares legítimos sean investigados si sus números son clonados o suplantados.
Falta de contrapesos: La supervisión por parte de la CRT, dependiente del Ejecutivo tras la extinción del IFT, reduce la neutralidad en la protección de derechos.
Ante este panorama, analistas coinciden en que la solución requiere de una estrategia integral: bloquear la señal en penales, desarticular financieramente a las bandas y promover la alfabetización digital, en lugar de imponer trámites administrativos que no frenan al crimen organizado.
Con información de elimparcial.com