Teresa Miranda
Aguascalientes, Ags.- La organización Salvemos La Pona rechazó retirar los cinco juicios de amparo que mantiene contra autoridades estatales y municipales como condición para colaborar en el proceso de declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) de toda La Pona, al tiempo que exigió que dicho procedimiento se desarrolle con transparencia y participación ciudadana desde sus primeras etapas.
En rueda de prensa, la presidenta de la organización, Sofía González Ponce, reveló que recientemente fueron buscados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADESU) del Municipio de Aguascalientes para sumarse a las acciones derivadas de la adquisición de la mezquitera y a la elaboración del estudio técnico que servirá de base para declarar protegida la totalidad del predio.
Sin embargo, aseguró que durante ese acercamiento se les planteó “hacer borrón y cuenta nueva” para trabajar conjuntamente, lo que implicaría dejar de lado los procesos legales que la organización mantiene por presuntas omisiones de las autoridades en la protección del medio ambiente.
“Queremos decirlo con toda claridad: no estamos dispuestas a renunciar a las herramientas jurídicas que la propia ley reconoce para exigir el cumplimiento de las obligaciones ambientales, pero estamos completamente listas para colaborar en cualquier proceso serio, transparente y participativo”.
González Ponce indicó que los procedimientos continúan avanzando y que uno de ellos se encuentra en etapa de inspección judicial tras el intento de desmonte registrado el año pasado.
La activista consideró que el acercamiento del Municipio ocurre en un contexto previo al proceso electoral y acusó que distintas administraciones han buscado apropiarse del trabajo realizado por organizaciones ciudadanas para presentarlo como una iniciativa gubernamental.
Pese a ello, aclaró que Salvemos La Pona no rechaza el diálogo institucional, por el contrario, sostuvo que la organización participará en el procedimiento para la elaboración del Estudio Previo Justificativo, siempre que éste no se limite a una consulta pública cuando las decisiones ya estén tomadas.
Pidió que el documento se construya desde el inicio con la participación de universidades, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanía interesada, además de que toda la información técnica y ambiental sea pública y que las observaciones recibidas sean respondidas de manera fundada.
Por su parte, la bióloga Ethel Martínez Aguilera, quien colabora con la organización en materia de peritajes ambientales, advirtió que la declaratoria de un Área Natural Protegida no garantiza por sí misma la conservación del sitio. Como ejemplo, señaló que las 11.4 hectáreas de La Pona que actualmente cuentan con esa categoría permanecen sin un plan de manejo y fueron afectadas por un incendio en el mes de mayo.
Las activistas aseguraron que vigilarán cada etapa del procedimiento y utilizarán los mecanismos de participación ciudadana, transparencia y acceso a la justicia ambiental previstos en la legislación y en el Acuerdo de Escazú para garantizar que la protección del predio responda a criterios técnicos y legales, y no únicamente a decisiones políticas.