Redacción
La Presidenta Claudia Sheinbaum enviará este martes al Senado su propuesta de Plan B en materia electoral, que plantea recortes y topes al gasto de autoridades electorales, congresos locales y municipios, pero mantiene intacto el financiamiento público a los partidos políticos.
Aunque en un inicio se había planteado someter a consulta ciudadana la reducción de prerrogativas a los partidos, la iniciativa finalmente no incluye ese mecanismo ni cambios al esquema actual de financiamiento.
“Ya no pudo bajar el presupuesto de los partidos políticos, pero sí estamos poniendo en la ley que se transparente en todos los recursos”, sostuvo la Mandataria.
El proyecto mantiene como eje la reducción de gastos y privilegios dentro del sistema electoral, particularmente en los organismos encargados de organizar y calificar las elecciones.
Entre las medidas propuestas se establece un tope a las remuneraciones de consejeros del Instituto Nacional Electoral y de altos funcionarios de los organismos públicos locales electorales y tribunales electorales, quienes no podrán percibir un salario superior al de la Presidenta.
Además, se plantea eliminar prestaciones adicionales como bonos, seguros de gastos médicos mayores y otros ingresos extra para altos funcionarios del sistema electoral.
“Se trata de poner un tope a las remuneraciones del INE de los consejeros y no solamente los consejeros, sino de los altos funcionarios”, explicó la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
La iniciativa también propone nuevas reglas de fiscalización para los partidos políticos. Entre ellas, la obligación de reportar en tiempo real sus operaciones financieras mediante un sistema bancarizado.
El INE podría firmar convenios con autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda para revisar el origen de los recursos utilizados en campañas.
“El INE podrá firmar un convenio con la UIF, con Secretaría de Hacienda, y en caso de que considere que es necesario la revisión de alguna aportación de una campaña”, señaló Rodríguez.
Asimismo, se prohíbe el uso de recursos ilícitos o de origen no comprobable en campañas, así como la recepción de financiamiento del extranjero y aportaciones en efectivo.
En el ámbito local, la propuesta fija un límite presupuestal para los congresos estatales equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto de cada entidad. Aquellos que actualmente superen ese porcentaje deberán reducir su gasto, mientras que los que estén por debajo no podrán incrementarlo en términos reales.
También se plantea reducir el número de regidores en los ayuntamientos, con un rango de entre siete y 15 dependiendo de la población del municipio, además de limitar a una sola sindicatura por cabildo.
“El planteamiento es que de acuerdo a la población del municipio vaya de siete a 15 y que ningún regidor ningún Presidente Municipal pueda ganar más ni se puede asignar bonos ni nada que tenga que ver con uso de los recursos públicos para uso personal más allá de su salario”, afirmó.
Los ahorros derivados de la reducción de regidurías y del gasto en congresos locales deberán destinarse a obras de infraestructura pública en estados y municipios.
La propuesta también contempla una reducción progresiva del gasto en el Senado, con un ajuste que podría alcanzar hasta el 15 por ciento.
En materia de procedimientos electorales, se plantea que el cómputo de las elecciones federales y locales comience inmediatamente después del cierre de las casillas, con la llegada del primer paquete electoral, y no días después.
“En ese instante empieza el cómputo que objetivo tiene evitar que haya cualquier manipulación en esos dos días o tres días”, explicó la titular de Gobernación.
El proyecto mantiene la figura de la revocación de mandato, pero propone que pueda realizarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, lo que permitiría que se lleve a cabo en 2027 o 2028, dependiendo de cuándo sea solicitada por la ciudadanía.