Teresa Miranda
Aguascalientes, Ags.- Integrantes de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos (RedSer), encabezadas por Esmeralda Bañuelos Zendejas, presidenta del Colegio de Trabajadoras Sociales Hidrocálidas y Mónica Pedroza Padilla, presidenta del Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario (CECADEC), salieron en defensa de las trabajadoras sociales despedidas del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), al advertir que su ausencia afectará la atención de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en asuntos de violencia familiar, abuso sexual y pensiones alimenticias.
Recordaron que, aunque 18 profesionistas fueron reinstaladas, otras 25 continúan separadas de sus cargos.
La presidenta del Colegio de Trabajadoras Sociales Hidrocálidas, Esmeralda Bañuelos, sostuvo que el trabajo social no puede ser sustituido por personal sin la preparación necesaria, al tratarse de una disciplina especializada que aporta elementos fundamentales para la impartición de justicia.
“El trabajo social en el ámbito jurisdiccional no es una labor administrativa ni accesoria. Es una disciplina científica fundamental que dota de perspectiva social a la defensa pública”.
Señalaron que estas profesionistas realizan estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias y valoraciones del entorno de las víctimas, por lo que advirtieron que la reducción de personal podría retrasar la atención de casos urgentes.
En Aguascalientes, únicamente existía una trabajadora social para todo el estado y ahora las funciones serán cubiertas desde Nayarit. Asimismo, destacaron que el 56.3 por ciento de los asuntos atendidos por el Instituto Federal de Defensoría Pública durante 2024 correspondieron a derecho familiar.
Ambas organizaciones pidieron al Instituto Federal de Defensoría Pública abrir una mesa de diálogo para revisar la decisión, al considerar que mantener estos recortes no sólo vulnera los derechos laborales de las trabajadoras sociales, sino también el acceso a la justicia de la población más vulnerable.