Redacción
Tras las anomalías e irregularidades detectadas durante la aplicación del examen en línea para el ingreso a nivel licenciatura, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó dar por terminado de manera anticipada el contrato con la empresa Territorium Life, el cual tenía vigencia hasta diciembre de 2026, según informó el abogado general de la institución, Hugo Concha Cantú.
La rescisión del acuerdo obliga a la compañía a entregar de inmediato la totalidad de las bases de datos generadas, las cuales son propiedad exclusiva de la Universidad, mientras se da inicio al proceso legal para el deslinde de responsabilidades.
En conferencia de prensa, Concha Cantú aclaró que por el momento la Máxima Casa de Estudios no reclamará sanciones o penalizaciones económicas en contra de la proveedora, ya que primero se someterá el caso a una auditoría tecnológica especializada y a una revisión interna sobre el proceso de adjudicación.
“El propósito de esta auditoría tecnológica es deslindar responsabilidades. No tenemos ningún interés en proteger a la empresa, pero tampoco en acusar sin evidencia”, subrayó el abogado general. El peritaje técnico evaluará el funcionamiento de la plataforma LockDown Browser —la cual debía garantizar al menos 15 puntos de supervisión mediante inteligencia artificial— para determinar si existieron fallas del sistema o filtraciones de información.
A la par de las revisiones internas, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, solicitó formalmente la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El objetivo de esta fiscalización es verificar el apego a la normatividad en las etapas de planeación, contratación y ejecución, así como emitir recomendaciones para futuros procedimientos de licitación.
Por su parte, el secretario administrativo de la UNAM, Tomás Rubio, precisó que durante este año la Universidad erogó un total de 69.1 millones de pesos a favor de Territorium Life por los servicios prestados en los procesos de admisión. De dicha cifra, 27.2 millones de pesos correspondieron a la evaluación de 103 mil 221 aspirantes a bachillerato, mientras que 41.9 millones se destinaron a la prueba de 158 mil 558 aspirantes a licenciatura.
Aunque la autoridad universitaria prefirió omitir el costo que representará la logística adicional para aplicar el examen presencial de control en cuatro sedes del país, Rubio enfatizó que estos gastos se cubrirán con recursos extraordinarios autogenerados por la propia institución, descartando cualquier afectación al presupuesto de otras áreas académicas o administrativas.
Con información de La Jornada.