Redacción
EU.-Aproximadamente 400 trabajadores que prestan sus servicios en la red de 53 consulados mexicanos en Estados Unidos se encuentran en riesgo de perder sus empleos y quedar en situación migratoria irregular debido a las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense a las visas A-2. La medida afecta a los llamados Prestadores de Servicios Profesionales Independientes (PSPI), personal encargado de procesar trámites fundamentales como pasaportes, matrículas consulares, actas de nacimiento y credenciales de elector para la comunidad migrante.
El problema tiene su origen en 2016, cuando la administración del presidente Barack Obama modificó la normativa de las visas A-2, eliminando su vigencia indefinida y limitándola a un periodo máximo de cinco años sin posibilidad de renovación. Aunque el gobierno mexicano logró negociar prórrogas temporales durante las gestiones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, la plantilla de trabajadores amparados bajo este esquema se redujo drásticamente de 1,700 a cerca de 400 en la última década.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ratificó su postura al señalar que los visados A-2 están diseñados exclusivamente para funciones oficiales temporales y no para permitir el arraigo de los titulares en su territorio. Esta política coincide con un contexto de tensión diplomática marcado por una revisión que Washington realiza sobre la red consular mexicana, motivada por señalamientos de presunta injerencia en procesos electorales que las autoridades de México han negado.
Casos emblemáticos como el de Rosa Elvira, empleada con cuatro décadas de servicio en el Consulado de México en Los Ángeles, ilustran la situación actual. Tras ser notificada de que su acreditación concluye el 21 de agosto por motivos de edad, la trabajadora solicitó por escrito a la presidenta Claudia Sheinbaum extender su permanencia laboral hasta diciembre, fecha en que expira su permiso migratorio, para evitar quedar desprotegida y en estatus indocumentado.
Ante el escenario actual, el canciller Roberto Velasco Álvarez calificó el asunto como una “situación compleja” y confirmó que la Cancillería continuará agotando vías diplomáticas y administrativas para buscar alternativas o, en su caso, ofrecer opciones en México para quienes deban regresar. No obstante, funcionarios del servicio exterior señalan que muchos trabajadores con años de residencia temen perder su estatus, ya que han establecido a sus familias en Estados Unidos y rechazan la idea de volver a empezar en su país de origen.