Redacción
Nuevo León.-Una investigación sobre la administración de Samuel García ha puesto al descubierto una sofisticada red de ingeniería financiera que presuntamente permitió el desvío de más de mil millones de pesos del erario hacia las cuentas de su familia. La trama, que ya se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR), señala al despacho Firma Jurídica y Fiscal S.C. —propiedad del padre y el medio hermano del gobernador— como el centro receptor de fondos provenientes de licitaciones estatales.
El mecanismo de operación se basa en una triangulación de múltiples niveles diseñada para ocultar el origen del dinero. En el primer eje, empresas contratistas del estado como Suministro MYR y Txat Latam habrían recibido pagos millonarios para luego transferir una fracción significativa a empresas puente como JACE o Ferro & Méndez, las cuales finalmente depositaban los recursos en el despacho familiar de los García. Esta estructura de “capas” fiscales dificultó inicialmente la detección de los flujos de capital.
Uno de los puntos más críticos de la investigación involucra al Instituto de Movilidad y Accesibilidad y a proyectos de infraestructura hídrica como el Acueducto El Cuchillo. Según las indagatorias, estas entidades realizaron pagos masivos a constructoras y proveedores de servicios que, a través de intermediarios como Corporación Transnacional de Inversiones y North American Heavy Equipment, terminaron inyectando cientos de millones de pesos a la firma legal del mandatario bajo conceptos que ahora son cuestionados por las autoridades federales.
La ruta final del dinero, de acuerdo con los reportes financieros, concluye en la empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles S.A. de C.V. Una vez que el capital llegaba a esta entidad, se dispersaba hacia diversas jurisdicciones internacionales, destacando envíos hacia Estados Unidos. Esta fase de “ofuscación” tenía como objetivo principal romper la trazabilidad de los fondos y consolidar el patrimonio familiar fuera del alcance de las auditorías locales.
Mientras el gobernador y su partido, Movimiento Ciudadano, enfrentan este desafío legal, la investigación de la FGR continúa avanzando para determinar las responsabilidades penales de los accionistas principales y los funcionarios involucrados. El caso no solo pone en riesgo la estabilidad política de Nuevo León, sino que cuestiona la transparencia de los proyectos de infraestructura más emblemáticos de la actual gestión naranja en el norte del país.
Fotografía La Posta