Redacción
Ciudad de México.- Mientras las amenazas digitales escalan a nivel global, el gobierno mexicano parece ir en sentido contrario. Un estudio conjunto realizado por El Universal y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha puesto al descubierto una realidad alarmante: las instituciones clave del país han sufrido recortes drásticos en seguridad informática, dejando puertas abiertas a la delincuencia cibernética.
La investigación del IMCO analizó doce partidas específicas de la cuenta pública —que incluyen software, infraestructura de cómputo y bienes informáticos— agrupándolas bajo el rubro general de “Informática”.
Los resultados muestran un desmantelamiento presupuestario en sectores estratégicos.SICT y Pemex:
Los gigantes vulnerables
El sector más golpeado es el de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Entre 2018 y 2025, la dependencia y sus organismos vinculados registraron un recorte del 58%. En términos monetarios, la inversión se desplomó de 1,793 millones de pesos a apenas 265.5 millones.
Esta falta de inversión ya ha tenido consecuencias tangibles. En octubre de 2022, un ataque de ransomware paralizó 110 equipos de la SICT, forzando la suspensión de trámites federales durante meses.
Por su parte, Pemex no corre con mejor suerte. Con una reducción acumulada del 28.36% en el mismo periodo, la petrolera pasó de un presupuesto de 2,739 millones a 1,962 millones de pesos para 2025. Cabe recordar que en 2019, la paraestatal fue víctima de un secuestro de datos donde los atacantes exigieron un rescate de 5 millones de dólares en bitcoin.Educación bajo asedio:
El caso UNAM y SEP
El sector educativo también ha sido blanco de la austeridad y los delincuentes. La SEP redujo su inversión un 27%, recorte que coincidió con la filtración masiva de datos de estudiantes de CBTis y CETis en abril de 2025 por el grupo “Sociedad Privada 157”.Sin embargo, el dato más crudo pertenece a la UNAM, que sufrió una poda presupuestaria en informática del 77.93%. Esta vulnerabilidad se materializó apenas el pasado 7 de enero de 2026, cuando la Universidad confirmó un hackeo en cinco de sus sistemas, exponiendo miles de correos electrónicos institucionales.
La interrogante que queda en el aire es si este nuevo enfoque operativo será suficiente para compensar los años de desinversión que han dejado a las instituciones más importantes de México a merced de la delincuencia digital.
Con información y foto de Xataka.