Redacción
Veracruz.- Una serie de operativos nocturnos derivó en la captura de seis presuntos implicados en la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán. Los arrestos fueron ejecutados de manera coordinada por agentes de la Policía Ministerial presuntamente durante la madrugada del pasado 6 de junio; sin embargo, hasta el momento las autoridades ministeriales se han reservado las identidades de los detenidos.
El caso tomó relevancia nacional luego de que el portal El Sol de Xalapa difundiera las aprehensiones vinculadas con el rapto de la comunicadora, fundadora del medio regional Pulso Informativo del Sur, quien fue interceptada y sustraída por un comando el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, Veracruz. A pesar de la trascendencia de los arrestos informados este 8 de junio, ni la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ni la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz han emitido algún pronunciamiento oficial en sus canales informativos.
Los hechos delictivos ocurrieron en el propio hogar de la reportera, sitio en el cual irrumpieron varios sujetos con armas de fuego. Durante la agresión, el padre de la víctima, Fernando Guzmán, intentó interponerse en la defensa de su hija, pero fue sometido violentamente a golpes y patadas por los criminales, quienes posteriormente lo dejaron inmovilizado y esposado en el suelo del domicilio.
Tras la sustracción de la periodista, la Fiscalía de Veracruz anunció el despliegue de una “trilogía investigadora” conformada por fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial orientada a esclarecer el caso. Aunque diversas versiones extraoficiales y reportes del 4 de junio sugerían que la mujer ya había sido localizada con vida, colaboradores de su propio medio informativo realizaron una transmisión en vivo para desmentir dichas afirmaciones, aclarando que no han recibido notificaciones gubernamentales ni han establecido contacto directo que confirme su paradero.
Frente a este escenario, múltiples agrupaciones civiles han alzado la voz para exigir celeridad a las autoridades locales, como el Gobierno de Veracruz y la Comisión Estatal para la Búsqueda de Veracruz (CEBVER). La organización Artículo 19 demandó que la actividad profesional de la comunicadora sea la principal directriz en el caso y se aplique de inmediato el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos A.C. denunció que en las grabaciones del secuestro se observa a uno de los agresores utilizando una chamarra con características similares a los uniformes de una corporación de seguridad. Finalmente, la asociación Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC) reclamó absoluta transparencia en las pesquisas y alertó sobre la doble condición de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres periodistas en el país, donde convergen los riesgos intrínsecos de la labor informativa y la violencia de género.
Fotografía Infobae