Redacción
El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé imponer este lunes sanciones económicas a nueve ministros electos por el uso de “acordeones” durante las votaciones para integrar el Poder Judicial de la Federación, realizadas en junio pasado. Las multas, que no contemplan la remoción del cargo, oscilan entre los 39 mil y los 127 mil pesos.
De acuerdo con el proyecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, se plantea sancionar a 118 candidaturas electas en distintos niveles del Poder Judicial, incluidos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, así como a jueces y juezas federales.
En la SCJN, el próximo presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, sería multado con 39 mil 712 pesos. La sanción más alta dentro de este grupo correspondería a la ministra Loretta Ortiz, con 127 mil 508 pesos. También se proponen multas para Yasmín Esquivel (95 mil 490 pesos), Lenia Batres (44 mil 690), María Estela Ríos (62 mil 905), Arístides Rodrigo Guerrero (40 mil 277), Giovanni Azael Figueroa (47 mil 179), Irving Espinosa (39 mil 599) y Sara Irene Herrerías (69 mil 15).
El Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura y tendrá a su cargo investigar y sancionar a funcionarios judiciales, también será objeto de sanciones. La futura titular del órgano, Celia Maya, enfrentaría la multa más alta del conjunto: 146 mil 884 pesos. Le siguen Eva Verónica de Gyves con 146 mil 632, Bernardo Bátiz con 133 mil 884, Rufino H. León con 39 mil 33 e Indira Isabel García con 27 mil 379 pesos.
El expediente incluye evidencia de materiales impresos, así como cinco sitios web –entre ellos el de Juristas por la Transformación– que difundieron guías de votación con perfiles sugeridos. La Comisión de Fiscalización del INE consideró que estos acordeones constituyeron una “aportación prohibida”, al beneficiar directamente a ciertas candidaturas, lo que vulneró la equidad en la contienda.
Las sanciones fueron calculadas tomando en cuenta la capacidad económica de cada persona y su nivel de exposición. En algunos casos, se contemplan únicamente amonestaciones públicas.
Aunque el procedimiento surgió de denuncias sobre uso indebido de recursos públicos para favorecer perfiles vinculados a Morena, el PT y el PVEM, el INE determinó que no hay pruebas concluyentes contra los partidos por su presunta participación en la financiación o distribución de los materiales.