Redacción
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó de manera definitiva la sentencia en contra de Raymundo Collins Flores, exdirector del Instituto de Vivienda (INVI) de la Ciudad de México, que lo inhabilita por 10 años para ocupar cualquier cargo público y lo obliga a pagar una multa de 42 millones de pesos por el delito de abuso de funciones.
El exfuncionario capitalino, quien también se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y actualmente se encuentra prófugo de la justicia en Estados Unidos, había presentado un recurso de amparo contra ambas sanciones. Collins Flores argumentaba que el artículo legal bajo el cual se le castigó no definía con claridad conceptos clave como “perjuicio al servicio público” o “beneficio”, lo que a su parecer daba pie a resoluciones ambiguas.
Durante la sesión de este miércoles, el pleno de la Suprema Corte resolvió el proyecto elaborado por el ministro presidente del Máximo Tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, correspondiente al Amparo Directo en Revisión 2755/2024.
La resolución propuso negar la protección de la justicia federal al quejoso y declarar la total constitucionalidad del artículo 57, inciso B, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, precepto que había sido impugnado por la defensa del ex servidor público.
Cuentas pendientes con la justicia ordinaria
Más allá de la sanción administrativa ratificada por la SCJN, la situación legal de Raymundo Collins en territorio mexicano sigue siendo compleja.
Actualmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene vigentes órdenes de aprehensión en su contra. Las autoridades buscan cumplimentar dichos mandamientos judiciales por su presunta participación en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, así como por el ejercicio indebido del servicio público, procesos que continúan abiertos a la espera de su localización y extradición.
Con información de Excélsior.
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